La Unión Europea ha llegado a un acuerdo para imponer un impuesto a las importaciones basado en los gases de efecto invernadero emitidos para fabricarlas. Este es un mecanismo de ajuste en la frontera del carbono que introduce por primera vez la regulación del cambio climático en las normas del comercio mundial.
El espíritu de esta medida es proteger a los fabricantes europeos frente a los competidores de países que no han regulado las emisiones de dióxido de carbono. También tiene el objetivo de presionar a los países para que fijen un precio al carbono y en consecuencia que dejen de emitirlo alegremente.
Esta propuesta ya aprobada ha enfadado a los socios comerciales de la Unión Europea, sobre todo en los países en desarrollo, donde los fabricantes suelen emitir cantidades relativamente grandes de dióxido de carbono. También preocupa el aumento de trámites burocráticos que puede acarrear.
Entraría en vigor en octubre de 2023, pero de momento solo obligará a notificar las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las importaciones. Posteriormente los importadores estarían obligados a pagar el impuesto.
Podríamos resumir la postura de la UE como «quién contamine que pague». La máxima es coherente, la idea no parece deleznable, aunque sí va a levantar ampollas…pero, en cualquier caso, «¿sólo con eso basta?».
